dijous, 13 de desembre del 2012

El TS anula la orden del Consell que prohibía emitir TV3

L. DEL CANTO, VALENCIA El Tribunal Supremo da la razón a Acció Cultural del País Valencià que recurrió ante el alto tribunal la sentencia del TSJCV a favor de la Generalitat Valenciana, y que la autorizaba a cerrar los repetidores con los que la asociación cultural emitía TV3 en la C. Valenciana. El TS anula, asimismo, la sanción impuesta por Generalitat de 300.000 euros. La multa fue impuesta al considerar la Administración autonómica que Acció Cultural había cometido una infracción muy grave, prevista en la Ley 31/1987 de Ordenación de las Telecomunicaciones, por prestar de forma clandestina el servicio de televisión por ondas terrestres sin la concesión administrativa necesaria. El Supremo considera, sin embargo, que la reemisión de los programas de TV3 que realizó Acció Cultural no puede considerarse una actividad de gestión indirecta sancionable, ya que "procedían de un operador público habilitado al efecto" y "que disponía de la preceptiva licencia para emitir". Así pues, considera la sentencia, que Acció Cultural fue "un mero retransmisor, sin más de los programas televisivos del verdadero operador público". Dado que la reemisión de la televisión catalana se hizo siempre ocupando espectro radioeléctrico estatal, el magistrado ponente Manuel Campos estima que no era competencia de la Generalitat sancionar las conductas objeto de litigio. Campos recuerda que "la difusión de a TV3 más allá de los límites territoriales de la Comunidad Autónoma de Cataluña era y es sin duda lícita" y apunta para apoyar esta afirmación que cualquier ciudadano de la Comunitat Valenciana puede recibir TV3 en su casa mediante plataformas de cable, satélite o internet. El magistrado deja claro, sin embargo, que la sentencia conocida hoy "no implica que declaremos la licitud de la conducta de la asociación recurrente, sino exclusivamente la falta de competencia de la Administración autonómica para sancionarla". Campos recuerda a Acció Cultural que "el espectro radioeléctrico es un bien tan valioso como escaso" y "quien aspire a disfrutar de algunos segmentos, no puede hacerlo de modo unilateral y al margen de la asignación de frecuencias disponibles". Advierte finalmente el magistrado que "la vulneración de las reglas estatales aplicables tiene consecuencias sancionadoras". También recuerda la sentencia a ambas partes que la ley contempla la colaboración mediante convenios entre las Comunidades Autónomas para permitir la emisión de uno o varios programas de su televisión autonómica en el ámbito geográfico de otras, siempre que los espacios radioeléctricos correspondientes a sus ámbitos territoriales sean colindantes. Un largo proceso judicial Acció Cultural decidió acudir a los tribunales después de que en dos resoluciones de la Dirección General de Promoción Institucional (dependiente de la conselleria de Presidencia de la Generalitat Valenciana) ordenaran el cese de las emisiones de TV3 a través de los repetidores de la asociación cultural e impusieran una sanción inicial de 300.000 euros de multa. La sección quinta de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana dio la razón al Gobierno valenciano, autorizándole a precintar el repetidor de televisión que Acció Cultural del País Valencià tenía en Perenxisa, en el término municipal de Chiva y con el que hacía llegar la señal de TV3 en TDT hasta la ciudad de Valencia, l'Horta y parte de Camp de Morvedre, Camp de Túria, Foia de Bunyol, Ribera Alta y Baja, con una población de 1.300.000 habitantes. Un cese de emisiones que quedó consumado en febrero de 2011 con el cierre de los últimos tres repetidores que mantenían la emisión de TV3 en la C. Valenciana, tras 28 años. Contra esta sentencia, Acció Cultural recurrió en marzo de 2009 ante Tribunal Supremo de Justicia que, tras más de cinco años de litigios ha terminado dándole la razón.

dimecres, 5 de desembre del 2012

pensonistas cobros

Los concejales del Ayuntamiento de Castelló, Marisa Ribes y Miquel Soler, engrosaron en noviembre el régimen de pensionistas y dejaron de percibir las retribuciones que les correspondía como regidores del equipo de gobierno. Estos dos ediles superaron hace varios años la edad de jubilación y en este mandato mantenían el cuarto salario más alto de la corporación local con 54.240 euros brutos anuales. Desde noviembre cobran una pensión más unos 500 euros al mes de media por acudir al pleno o a las comisiones municipales. El alcalde de Castelló, Alfonso Bataller, cortó hace un mes con esta situación y los dos ediles pasaron a disponer de la condición de jubilados. Continúan en la corporación al ser cargos electos pero sus honorarios se circunscriben a la paga de pensionista. El ayuntamiento sólo les aporta unos emolumentos por asistencia a pleno y comisiones municipales. Esta decisión se toma en un contexto de ajustes y recortes del gasto municipal y supondrá un ahorro anual de cerca de 80.000 euros . Ribes y Soler encararon en 2011 el nuevo mandato con más de 65 años y prolongaron su vida laboral, en virtud de su condición de concejal, con unas de las retribuciones más altas del ayuntamiento. Hasta noviembre percibían 4.520 euros al mes brutos, cobrando más que ellos únicamente el alcalde, la vicealcaldesa y el portavoz y concejal de Urbanismo. Soler entró a la corporación en 2003 y suma dos legislaturas con dedicación exclusiva. Es sexto teniente de alcalde y regidor de Servicios Públicos y Cementerios. Ribes es la concejala más veterana y suma a sus espaldas 22 años en el consistorio. En estos momentos es cuarta teniente de alcalde, responsable de las áreas de Participación ciudadana, Gente Mayor y Consumo. En 2011 perdió la dedicación exclusiva pero conservó el mismo salario que Soler al contar con la tenencia de alcaldía y con casi una dedicación exclusiva (jornada de 36 horas semanales). Se la considera la principal artífice de la buena sintonía del Partido Popular con los movimientos de asociaciones vecinales y de gente mayor. Además de Ribes y Soler, el regidor socialista Joan Morales también goza de la condición de pensionista desde hace un par de meses.